Liz Meléndez: Distribución de la píldora del día siguiente evitaría abortos

De acuerdo a una encuesta realizada por Datum y Flora Tristán, el 87% de ciudadanos está a favor de que la mujer decida si desea o no continuar con el embarazo producto de una violación. Al respecto, los casos de abortos producto de una violación podrían ser evitados si se siguiera distribuyendo de manera gratuita la píldora del día siguiente, indicó Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

 

“Los abortos, producto de una violación sexual, podrían ser evitados si se siguiera distribuyendo de forma gratuita la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en los establecimientos de salud del Estado y no sólo se vendieran en farmacias y clínicas privadas, declaró Liz Meléndez.

 

El Estado peruano no escucha a los organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo de Población (UNFPA) que recomiendan el uso de la píldora poscoital. “La mayoría de mujeres no tienen información sobre la pastilla de emergencia porque en los establecimientos del Estado está prohibida su distribución, a pesar que su repartición es urgente y necesaria porque ayudaría a evitar los abortos”, manifiesta la especialista.

 

Esta situación se complica cuando las mujeres se encuentran en situación de pobreza impidiendo que puedan pagar los aproximadamente 30 soles que cuesta la pastilla, que para muchos hogares representa gastos de alimentación de toda una semana.

 

Las declaraciones de la directora surgen en el marco de la publicación de la encuesta realizada por Datum y el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, que revela que el 81% de consultados se mostró en desacuerdo con el castigo penal hacia las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos a consecuencia de una violación sexual.

 

Se estima que se producen cada año 35.000 embarazos por violación, según la investigación “Apuntes para la acción: el derecho de las mujeres a un aborto legal” con datos del 2007. El 78% son mujeres menores de 18 años, y en el 76% de los casos, el violador es un una persona que tiene una relación cercana con la víctima.

 

Es importante resaltar que, aunque ninguna mujer está cumpliendo condena por haber abortado a causa de una violación sexual, “igual tienen restricciones porque no pueden acudir a algún lugar público, es más se ven expuestas de forma negativa por estar denunciadas”, comenta la socióloga.

 

Además, a miras de un nuevo proceso electoral, la encuesta arroja que un 64% de la población en Lima Metropolitana votaría por un candidato o candidata que esté a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual.

 

 

Despenalización del aborto

 

El proyecto de ley N°038039, que permitiría abortar a una mujer embarazada producto de una violación sexual, espera ser debatido en la Comisión de Constitución, tras ser archivada en mayo en la Comisión de Justicia.  Esta iniciativa cuenta con un gran respaldo popular, 64,261 firmas avalaron su ingreso al Congreso; y según datos de la reciente encuesta, el 76% de ciudadanos está en desacuerdo con el archivamiento del proyecto de ley que despenaliza el aborto.

 

El 87% de encuestados se mostró de acuerdo con dejar a la mujer decidir si quiere o no continuar con el embarazo producto de una violación, sin ser criminalizadas, garantizando el derecho a su vida y salud.

 

En la misma línea, el 83% estuvo de acuerdo con la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos, debido a que las mujeres acuden a centros de salud insalubres y “el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna en adolescentes”, dice la directora.

 

Este proyecto de ley cuenta con las opiniones favorables del Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio Médico del Perú, además de representantes del Colegio Médico del Perú, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, o la Asociación Internacional de Salud Mental de la Mujer. Recientemente, el presidente Ollanta Humala, y la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, se mostraron a favor de la propuesta normativa.

 

Organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) exhortó en repetidas ocasiones al Estado peruano para que ampliara los causales para la legalización en casos de violación sexual.

 

Asimismo, el Comité  de las Naciones Unidas contra la Tortura instó a que se modificara  la prohibición general para los casos de aborto terapéutico y los resultantes por violación o incesto, además de proporcionar el Estado cobertura de salud gratuita en casos de violación.

 

 

 
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